Múltiples desapariciones forzosas de venezolanos y expulsiones de extranjeros han ocurrido en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en Caracas, en el marco de la crisis electoral en Venezuela, de acuerdo con ONG y gremios de la prensa.
Yendri Omar Velásquez, director del Observatorio Venezolano de Violencia LGBTIQ+, fue detenido por 6 horas en Maiquetía cuando intentaba abordar un avión camino a Ginebra para participar en una reunión sobre discriminación de las Naciones Unidas, según denuncias de su padre y defensores de los derechos humanos en el país sudamericano.
El domingo, se supo de otro caso similar. Edni López, trabajadora humanitaria, politóloga y profesora de la Universidad Central, también fue retenida por fuerzas de seguridad en Maiquetía y se desconocía su paradero, hasta el mediodía de este lunes. La docente intentaba volar por vacaciones.
Nueva víctima de la persecución en Venezuela.
— PROVEA (@_Provea) August 4, 2024
Edni López es una profesora de la UCV, trabajadora humanitaria y poeta retenida por fuerzas de seguridad de Maduro en el aeropuerto de Maiquetía. #DondeEstaEdni
Su familia no sabe de ella desde las 10AM cuando le impidieron abordar… pic.twitter.com/bQCGlhCoeA
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Extraoficialmente, se reportó la tarde del lunes que se le detuvo y se le trasladó a una división de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas. Se desconocían los cargos en su contra.
De acuerdo con Provea y otras organizaciones no gubernamentales, Velásquez y López se suman a una lista de cientos de víctimas de la persecución del Estado venezolano contra la sociedad civil, en un contexto de denuncias de fraude y manifestaciones de calle contra la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de la elección, hace 8 días.
El gobierno venezolano no se ha referido directamente a las acusaciones de violaciones de derechos humanos, pero ha denunciado que está en marcha un presunto golpe de Estado “fascista” marcado por la violencia y restricciones informativas.
El fiscal general Tarek William Saab ha asegurado que hay manifestantes pagados por la oposición para generar violencia y ha desacreditado las denuncias de organismos internacionales sobre posibles violaciones de derechos en el país.