La Corte Internacional de Justicia (CIJ) instó el viernes a Venezuela y Guyana a que se abstengan de realizar actividades que puedan agravar el conflicto por el Esequibo, una zona que ambos países reclaman como propia. Sin embargo, la CIJ no pidió la paralización del referendo consultivo que Venezuela tiene previsto celebrar este domingo.
En su fallo, la CIJ señaló que Guyana «administra y controla» el área en litigio, y recordó a Venezuela que debe «abstenerse de cualquier acción que modifique tal situación» hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre la controversia.
El presidente Nicolás Maduro reaccionó en su cuenta de X (antes Twitter) ratificando la «posición histórica de no reconocer a la Corte Internacional de Justicia como órgano para resolver la controversia de nuestro Esequibo» y subrayando que «no podrán doblegar el derecho del pueblo venezolano a expresarse mediante el voto».
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Maduro consideró que «ha triunfado la verdad de Venezuela», después de que -según Caracas- se «desestimaran» las peticiones de Georgetown contra el referendo que se llevará a cabo este domingo 3 de diciembre para consultar a los venezolanos sobre el reconocimiento de la CIJ para solucionar el diferendo territorial y la posible anexión de la Guayana Esequiba, un territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado venezolano.
A finales de octubre, Guyana solicitó medidas cautelares, alegando que Venezuela no debería realizar el referendo hasta que la CIJ se pronuncie sobre los aspectos esenciales que determinarán la validez del Laudo Arbitral de 1899.
Venezuela, por su parte, solicitó el rechazo de la petición, enfatizando que «nada impedirá la realización del referendo previsto para el 3 de diciembre». Guyana sostiene que el referendo busca obtener apoyo popular para rechazar la jurisdicción de la CIJ en la disputa territorial y, posteriormente, anexar el territorio en disputa por la fuerza.
La jueza Joan Donoghue, presidenta de la CIJ, reiteró al leer la sentencia que las órdenes con medidas provisionales «tienen efecto vinculante», creando así «obligaciones jurídicas internacionales».
Tras el veredicto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó que prevaleció la verdad de Venezuela, pero reafirmó que el gobierno venezolano no reconoce la jurisdicción de la CIJ para resolver la disputa.
