Según el Observatorio Venezolano de Violencia en Sucre (OVV Sucre), que realiza un monitoreo de prensa, en el estado Sucre se registraron 87 muertes violentas en los primeros 10 meses del año. De ese total, 63 corresponden a homicidios intencionales y 24 a Muertes por Intervención Policial (MIP).
El OVV Sucre también registró 46 tentativas de homicidio entre enero y octubre. Los municipios con más casos de violencia fueron Sucre (Cumaná), Montes (Cumanacoa), Bermúdez (Carúpano), Cruz Salmerón Acosta (Araya), Ribero (Cariaco), Arismendi (Río Caribe), Bolívar (Marigüitar), Cajigal (Yaguaraparo), Valdez (Güiria) y Andrés Eloy Blanco (Casanay).
En el municipio Sucre, las parroquias más afectadas por la violencia fueron: Altagracia, Valentín Valiente, Ayacucho, Santa Inés, Raúl Leoni, San Juan y Gran Mariscal.
El análisis del OVV Sucre clasificó las muertes violentas en 50 asesinatos, 20 agresiones graves mortales, 11 homicidios voluntarios y dos homicidios por uso excesivo de la fuerza por parte de funcionarios de seguridad.
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La coordinadora del OVV Sucre, Carmen Julia Amundarain, indicó que la violencia se ha extendido por zonas urbanas y rurales, lo que agrava la crisis que viven los habitantes del estado. Asimismo, destacó que de las 126 víctimas registradas, 106 eran hombres y 20 mujeres.
La ONG expresó su preocupación por el hecho de que 19 víctimas tenían entre 10 y 19 años de edad, lo que implica una afectación a la vida y al desarrollo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Muertes por intervención policial
Al menos 24 personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad del Estado en el mes de octubre. El OVV Sucre indicó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el responsable de la mayoría de estos casos, seguido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la policía municipal, el Instituto Autónomo de Policía del estado Sucre (Iapes) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Las víctimas fueron todas de sexo masculino y tenían entre 20 y 54 años, siendo el grupo más afectado el de 20 a 29 años, con 13 fallecidos. La organización denunció que las instituciones de seguridad del Estado mantienen un alto nivel de letalidad y que esta situación se ha repetido a lo largo del año.
